Fue el 14 de mayo pasado cuando la magistrada del Tercer
Tribunal Unitario de la Ciudad de México, Olga Estrever, libró la
orden de aprehensión contra los integrantes del Consejo de Administración de
Mexicana de Aviación por el delito de defraudación fiscal.
Se trata de un segundo intento del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que ahora preside Aristóteles Núñez,
de llevar a la cárcel a los responsables de la quiebra y desaparición de la que
fuera la principal aerolínea comercial del país y una de las más antiguas del
mundo.
Pero la demanda no alcanza aún a Gastón Azcárraga porque
éste diseñó una estructura piramidal en la que no figura en el Consejo de
Mexicana, sino en el consejo de la holding Nuevo Grupo
Aeronáutico (NGA), junto con otros socios como Ricardo Atman, Juan
Gallardo y Ángel Losada.
Con todo, es incorrecto decir que Azcárraga Andrade esté
libre de una potencial orden de aprehensión. Le puedo adelantar que una de las
encomiendas que tiene Jesús Murillo en la Procuraduría General de
la República (PGR) es integrar un expediente contra el empresario.
Definitivamente no va a ser por defraudación fiscal, porque
no hay elementos en ese ámbito, no así en otras actividades financieras y
comerciales cuyas líneas de investigación están en marcha. Pudiera ser el
segundo golpe del gobierno deEnrique Peña después de Elba
Esther Gordillo.
Pero volviendo al expediente que resolvió la magistrada Estrever,
las órdenes que se libraron son contra Manuel Borja Chico, Ricardo
Bastón Aguilar, Félix Manuel Sánchez, Jorge Eduardo
Gámez, Gerardo Barrera Segura, Isaac Volin Bolok y Claudio
Visintini Freschi.
Algunos de ellos lograron atajar el año pasado la
consignación, tras de que la juez Segunda de Distrito en Materia de Procesos
Penales Federales en el Distrito Federal, Graciela Malja Aguirre,
negara la petición. Entonces la PGR apeló y ahora vuelve en segunda instancia.
Las autoridades están fincando responsabilidad por una
defraudación fiscal superior a los 550 millones de pesos. Cerca de 300 millones
son de Impuesto sobre la Renta retenido no enterado y alrededor de otros 250
millones de Impuesto al Valor Agregado por la venta de boletos.
Este expediente se suma a otro que igualmente se activó la
semana pasada y que tiene que ver con la admisión que la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje hizo de una demanda presentada por los tres sindicatos
de Mexicana contra Banorte y el Bancomext.
Los gremios de pilotos que lidera Carlos Morineau,
sobrecargos que capitanea Ricardo del Valle y trabajadores de
tierra que encabeza Miguel Ángel Yúdico, demandaron hace tiempo que
dichos bancos asumieran el papel de patrones sustitutos de los ocho mil 500 empleados.
Los sindicatos justifican su petición bajo el argumento de
que las instituciones que manejan Guillermo Ortiz y Enrique
de la Madrid tienen la posesión de bienes y activos de la aerolínea a
través de un fideicomiso instituido en el HSBC, que preside Luis Peña
Kegel.
En esa tesitura Banorte y Bancomext habrían retirado
recursos provenientes de la venta de boletos, tanto en México como en el
extranjero, flujos que le habrían permitido a la aerolínea seguir operando. Se
habla del cobro de unos mil 300 millones de pesos por ese concepto.
Los sindicatos denuncian la apropiación indebida de los
recursos, pues la Ley de Concurso Mercantil los considera acreedores
privilegiados para cobrar. A su vez, el mismo SAT podría reclamar el IVA de
esos boletos y los grupos aeroportuarios la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).
Así que a días de que se decrete la quiebra se empiezan a
mover algunos recursos legales.
(...)
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